Este relevamiento fue clave para identificar a la sospechosa. Entre otras tareas, incluyó la recolección de testimonios y la verificación de movimientos en las cuentas de las víctimas: en total, se identificaron 105 compras, sumando un perjuicio económico de $3.688.287,67 en operaciones desconocidas por las damnificadas.
Los peritos analizaron cada una de las denuncias comparando datos bancarios, ubicaciones y fechas, y solicitaron información a las entidades financieras involucradas. Un mapeo posterior de los comercios afectados permitió constatar la cercanía y frecuencia de los puntos de compra, lo que reforzó la sospecha inicial de que se trataba de una de sus compañeras.
El seguimiento del dinero llevó a la fiscalía a profundizar la investigación sobre plataformas de juego en línea, donde hallaron cuentas bancarias asociadas a los padres de la docente denunciada por sus colegas. Parte de los fondos, según se comprobó, se cargaron en estas plataformas y luego fueron movidos y retirados a cuentas bajo control familiar.
En el marco de las tareas, también se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un reporte de viajes de la maestra sospechosa. Este arrojó que, tras los presuntos robos, la acusada había viajado a Europa y aún no ha vuelto al país. Por este motivo, el fiscal formalizó el pedido de captura internacional.
Las autoridades judiciales resaltaron también que la docente señalada por las víctimas cumplía una suplencia curricular en la escuela damnificada, es decir que no formaba parte del staff fijo.
En el desarrollo de la investigación, el padre de la sospechosa fue imputado formalmente por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética. Al admitir su participación en 22 hechos de la causa, firmó un acuerdo que permitió restituir más de $1.200.000 a las maestras afectadas, incluyendo intereses.
La causa continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que investiga si la acusada pudo haber cometido hechos similares en otras instituciones.
El expediente sigue abierto con la cooperación de autoridades nacionales e internacionales, para facilitar el arresto y avance del proceso penal.
Fuente: Infoae
